State repression of social outbreaks between 2019 and 2021 in Colombia and Chile

Astrid López Martínez
Departamento de Ciencias Políticas
Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP

Recibido: 16/09/2022 Revisado: 10/03/2023; Aceptado: 21/05/2023

Resumen

En esta investigación analicé la represión estatal empleada por la policía durante los estallidos sociales en Chile y Colombia, entre 2019 y 2021. Evalué si existió un sesgo en la aplicación de la violencia y la relación entre la represión ejercida y la legitimidad del estado. Utilizando datos recopilados y publicados por organizaciones de derechos humanos y periódicos, examiné cualitativamente cada caso, tomando en consideración los instrumentos utilizados por la policía, las víctimas de los enfrentamientos, y el nivel de legitimidad de los gobiernos. Identifiqué un sesgo contra las personas jóvenes, mas no una relación con la legitimidad estatal.

Palabras clave: movimientos sociales, Estado, violencia, represión, legitimidad

Abstract

In this research, I analyzed the state repression employed by the police during the social outbreaks in Chile and Colombia, between 2019 and 2021. I assessed whether a bias existed in the application of violence and the relationship between the repression exercised and the legitimacy of the state. Utilizing data gathered and published by human rights organizations and journals, I examined qualitatively each case, taking into consideration the instruments used by the police, the victims of the confrontations and the level of legitimacy of the government. I identified a bias against young people, but not a relationship with state legitimacy.

Keywords: social movements, State, violence, repression, legitimacy

Introducción

En esta investigación analicé el comportamiento de la policía en manifestaciones convocadas por movimientos sociales en Chile y en Colombia para conocer si existe un sesgo estatal al momento de decidir utilizar la violencia, y contra qué grupos se emplea más comúnmente. Conforme al objetivo, las preguntas de investigación son: ¿la legitimidad del gobierno influye en las acciones de la policía durante las manifestaciones? ¿Existe un sesgo en la utilización de la violencia como método de represión estatal por parte de la policía contra los movimientos sociales? Y, de existir, ¿cómo se refleja este sesgo en la represión estatal? Para llevar a cabo la investigación, se recopiló información sobre los eventos en publicaciones en línea de periódicos y de organizaciones internacionales publicados en 2019 y en 2021. Luego, se compararon y contrastaron los datos sobre víctimas de agresiones en las manifestaciones para evaluar el sesgo en la represión. Además, se evaluaron los incidentes acaecidos en ambos países para considerar el factor de la legitimidad del Estado y su relación con el uso de la violencia contra los movimientos sociales. Este acercamiento es importante porque ensancha el conocimiento sobre la represión de los movimientos sociales a la vez que se plantean problemáticas e interrogantes sobre su avenir en la región. Se espera que, en efecto, exista un sesgo en la aplicación de la violencia relacionado a la composición de cada movimiento social. De igual forma, se supone que a menor legitimidad del Estado mayor será la violencia empleada en la represión de los movimientos sociales.

Revisión de literatura

La revisión de literatura aborda los temas de movimientos sociales, Estado, legitimidad, criminalización de la protesta y la instrumentalización de la violencia, y provee un breve contexto sociopolítico de los países. Partiendo de estos conceptos, se desarrolló la investigación y se analizaron los movimientos sociales en Colombia y Chile.

Movimientos sociales y el sujeto movilizado

Un movimiento social es una “colectividad actuando con cierto grado de organización y continuidad, en parte fuera de los canales institucionales u organizacionales, con el propósito de retar el sistema de autoridad vigente o resistir (o promover) cambios en esos sistemas, en la organización, sociedad, cultura o sistema mundial en el que están insertados” (Acevedo et al., 2016). Dentro de los movimientos sociales, existe un tipo relativamente nuevo: los estallidos. Los estallidos son una modalidad que tienden a amasar a una diversidad de actores sociales y se denominan de esta manera para señalar el carácter súbito de las movilizaciones que desestructuran momentáneamente el ordenamiento social (Rebón & Ruiz Encina, 2020). El estallido también se describe como una movilización detonada a partir de una medida o acción del gobierno pero que responde a la acumulación de malestar e inconformismo (Rojas Londoño, 2021).

En América Latina, existen grupos que, principalmente, se han organizado en movimientos sociales: los trabajadores, los estudiantes y el sector informal; los nuevos movimientos sociales (NMS), cuya constitución no está definida por la clase social, sino que se concentran en problemáticas específicas como la protección del medio ambiente o los derechos de la comunidad LGBTTIQ+; y las comunidades indígenas y rurales (Almeida & Cordero Ulate, 2017). Ahora bien, ¿quiénes son los actores en las manifestaciones y participan de los movimientos sociales? En Colombia, quienes tienden a manifestarse son afrodescendientes, indígenas, campesinos, estudiantes, pobladores urbanos y asalariados y asalariadas (Hernández Pérez & Castiblanco Moreno, 2021; Martín Gutiérrez, 2022). En Chile los grandes actores de las últimas décadas han sido los y las estudiantes, junto con las y los trabajadores, las y los retirados, las feministas, el pueblo mapuche y los sectores marginalizados de las ciudades (Gonzalez & Le Foulon Morán; 2020Klein, 2008).

Estado y legitimidad

Desde luego, estos movimientos sociales no surgen en el vacío, sino dentro de unas estructuras políticas que modelan y responden a las acciones de estos. En América Latina la comunidad política está organizada en el Estado moderno, que es la entidad que ejerce el monopolio de “la violencia física legítima como medio de dominación” (Weber, 1919). Por su parte, la legitimidad de un estado es determinada por sus ciudadanos como establece la siguiente cita: “un estado es más legítimo en la medida en que sus ciudadanos consideren que está poseyendo y ejerciendo el poder político legítimamente” (Power & Cyr, 2010, p. 257). Partiendo de estas definiciones queda estipulado que el Estado ejerce el monopolio de la violencia siendo legitimado por quienes forman parte de él. Mas resulta necesario aclarar los objetos de legitimidad en las sociedades. Para ello, el trabajo de Easton (1957) resulta importante, pues puntualiza la diferencia entre comunidad política, régimen y gobierno. Para este autor, la comunidad política es el conjunto de personas que apoya la existencia de un grupo que esté dispuesto a resolver diferencias y situaciones del conjunto en general. Sucesivamente, el régimen consiste en las reglas del juego; es decir, cómo se constituye el grupo (Easton, 1957). En el caso de América Latina, la mayoría de los estados o comunidades políticas practican la democracia como su régimen, si bien muchos autores la describen como democracia de baja intensidad. Finalmente, el gobierno se define como las instituciones y agencias, con sus respectivos actores, que toman y ejecutan las decisiones de administrar (Easton, 1957). Por ende, en esta investigación, la legitimidad reside en el Estado, organizado democráticamente, y representado por el gobierno ante la sociedad. Es decir, que las decisiones del gobierno se entenderán como del Estado, igual que lo hizo Almeida (2020).

Criminalización de la protesta y la violencia como instrumento estatal

Dado que se estima que la violencia es legítima cuando se trata de una situación de control de crimen (Sekhon, 2019), se hace imperativo criminalizar la protesta. La criminalización de los movimientos sociales es un proceso que legaliza la represión de la acción colectiva y la legitima en el nombre de mantener la estabilidad democrática (Doran, 2017). En América Latina, cada vez más países adoptan medidas que vuelven legal la criminalización de la acción colectiva en distintos niveles (Doran, 2015). Si bien los estados no tienen una sola institución violenta que les represente, las instituciones policiales son las principales que consuman la represión (Taylor & Bonner, 2017). Asimismo, la policía es un instrumento del Estado y actúa bajo su soberanía; esto quiere decir que decide en qué momentos utilizar la violencia y en cuáles no (Agamben, 2000).

La criminalización de la protesta toma forma legal y física en procesos de enjuiciamiento de manifestantes y en su represión por parte del Estado. Para entender las dinámicas violentas es fundamental considerar las definiciones de Arendt. De un lado, la autora establece que el “poder corresponde a la habilidad humana de actuar en concierto” (Arendt, 1970, p. 44). Consecuentemente, la autora afirma que el “gobierno es esencialmente poder organizado e institucionalizado” (p. 51), mientras propone que la “violencia se distingue por su carácter instrumental” (p. 46). No obstante, Arendt asegura que la violencia nunca puede ser legítima, contradiciendo a Weber directamente, pues no se basa en un evento pasado que le proporcione dicha legitimidad; sino que la violencia es justificable porque se relaciona con un objetivo futuro. Sin embargo, gracias a la revisión podemos deducir que los estados actúan utilizando la violencia como legítima, al utilizar sus instituciones, y como justificable, por medio de la criminalización y bajo el pretexto de mantener el orden y la estabilidad democrática.

Breve contexto político-social

Las movilizaciones sociales son el resultado de una combinación de factores diversos que se interconectan para crear las condiciones que redundan en movimientos sociales y su consiguiente represión. Tomando esto en consideración, es necesario reconocer que Colombia y Chile, siendo países de América Latina, son parte de “la región más desigual del mundo” y perpetúan divisiones sociales legadas del colonialismo (Lissardy, 2020). De igual forma, ambos países han moldeado su política pública al modelo neoliberal, produciendo mayores niveles de desigualdad económica y acentuando las desigualdades de raza, etnia y género. De un lado, Colombia, desde la década de 1980, bajo el gobierno de Belisario Betancourt, se ha encargado de reprimir a la izquierda. Además, ha sufrido largas décadas de conflicto armado con las guerrillas, entre ellas la FARC, y una violencia brutal resultado del narcotráfico (Martín Gutiérrez, 2022). Por su parte, Chile estuvo bajo la dictadura de Augusto Pinochet hasta 1990, y cuya Constitución continúa vigente. Asimismo, ambos países han visto en las últimas décadas un aumento de movilizaciones masivas.

Marco teórico

Como se planteó anteriormente, el Estado es la institución que ejerce el monopolio de la violencia en un territorio delimitado (Weber, 1919). Utilizando la clasificación del apoyo de Easton, se entiende que el gobierno de cada país debe su existencia al Estado, por lo que el gobierno y sus agentes van a actuar en defensa del Estado y su perpetuación. Es decir que, a pesar de ser entidades diferentes, en este trabajo se considera que el gobierno actúa en nombre del Estado. En otras palabras, la legitimidad reside en el Estado, organizado democráticamente, y representado por el gobierno ante la sociedad. Por su parte, se utiliza una concepción utilitaria de la violencia, ya que Arendt señala el carácter instrumental de esta, al tiempo que puntualiza que los gobiernos utilizan la violencia cuando entienden que su poder está mermando o está siendo amenazado (Arendt, 1970). Esta amenaza se ve reflejada en la baja legitimidad que le adjudica el pueblo al Estado y sus instituciones. Como consecuencia, mientras menos legitimidad perciba un Estado que tiene, más violento será en la forma en que reprima a los movimientos sociales. También se presentó que los movimientos sociales son grupos organizados que se movilizan en favor o en contra de algún cambio social, político o económico (Acevedo et al., 2016). Asimismo, Doran (2015) asegura que uno de los elementos distintivos de las democracias latinoamericanas es la supresión de todo conflicto social en nombre de resguardar la democracia y la estabilidad. Por tanto, se define que existe un conflicto si entre los objetivos y composición de los movimientos sociales se persigue un cambio social, político o económico.

Justificación

América Latina ha sido escenario de decenas de movimientos sociales en el siglo XXI. Muchos de estos movimientos se han organizado alrededor de derechos sociales que se ven amenazados ante la imposición de medidas neoliberales en toda la región. Entre las represiones más destacadas en la región están el Estallido Social en Chile a finales del 2019 y el Paro Nacional de Colombia a principios del 2021. De hecho, a partir de esos eventos de movilización y la brutal represión por parte de los estados chileno y colombiano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2021) ha emitido expresiones condenando las violaciones de derechos y el uso excesivo de fuerza contra los manifestantes. Por esta razón, estos son los países seleccionados para la investigación. Además, no solo América Latina está siendo escenario de grandes movilizaciones; alrededor del planeta, la acción colectiva podría ser decisiva en las políticas de los países. Si bien todos estos acontecimientos tienen antecedentes particulares, nunca son repeticiones de eventos pasados por lo que su constante estudio es necesario para comprender los cambios en el mundo (Pleyers, 2018). Con este estudio comparativo, utilizando teorías generales y dos casos específicos, se pretende comprender y actualizar el conocimiento sobre el uso de la violencia contra movimientos sociales en manifestaciones; es decir, comparar para entender (Lim, 2016). El estudio de la violencia y de la represión estatal en América Latina es amplio y abarcador dada la historia de la región. No obstante, la mayoría de los estudios se enfocan en la defensa de derechos humanos, en la reconstrucción histórica o en los aspectos legales o económicos de las situaciones. Este estudio pretende expandir el acercamiento al tema de la represión estatal al abordarlo con un objetivo distinto: conocer si existe un sesgo estatal al momento de decidir utilizar la violencia y contra qué grupos se emplea más comúnmente. De esta forma, se ensancha el conocimiento sobre la represión de los movimientos sociales a la vez que se plantean problemáticas e interrogantes sobre su avenir en la región.

Metodología

Se analizó la actuación de las fuerzas estatales durante los estallidos sociales de Chile y Colombia en el 2019 y el 2021, respectivamente, en las ciudades de Santiago y Cali por ser los centros de mayores enfrentamientos. La unidad de estudio en esta investigación fue el comportamiento de la policía en manifestaciones organizadas por movimientos sociales, específicamente durante estallidos sociales. La muestra consistió en los estallidos sociales de Chile, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre del 2019, principalmente, y Colombia entre abril 28 hasta el 30 mayo de 2021. Para la selección de los casos se tomó en cuenta lo que propició el estallido y las condiciones sociopolítico-económicas del país. Se consideraron los reclamos y las demandas del movimiento, así como los sectores sociales que participaron de las manifestaciones al momento de evaluar la actuación de las fuerzas policiales. Los factores evaluados fueron: (a) los sectores partícipes de los movimientos sociales y (b) el apoyo al gobierno, utilizando los datos de diversas entidades, que reflejó el nivel de legitimidad del Estado. A partir de estos factores, se analizó el uso de violencia por parte de la policía para reprimir las manifestaciones, utilizando información sobre los hechos ocurridos recopilada de periódicos digitales locales e internacionales y de informes de organizaciones internacionales publicados entre 1ero de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. Para el análisis de los hechos, se tuvo en cuenta si se utilizó la violencia o no y el nivel de violencia que se empleó, considerando los instrumentos que utilizó la policía. Estos factores fueron enmarcados por los grupos sociales de cada movimiento social y el nivel de legitimidad.

Las encuestas utilizadas para determinar el nivel de legitimidad del gobierno/estado fueron las del Centro de Estudios Públicos en Chile (2020) y la de opinión pública hecha por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en 2021 en Colombia (2021). Se observó el nivel de aprobación de los gobiernos, el nivel de aprobación del presidente, y los niveles de confianza en el gobierno, la policía y las fuerzas armadas. Por otra parte, para evaluar el nivel de violencia empleado, se recopiló información de los hechos publicada en organizaciones nacionales e internacionales y artículos digitales de los periódicos locales e internacionales. Los conceptos claves para analizar los artículos periodísticos fueron: represión, violencia, estallido social, policía, carabineros (en Chile), Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, en Colombia) y heridos. Las secciones más relevantes de los informes provistos por organizaciones e institutos fueron aquellas que hacen referencia a las personas heridas por la policía durante las manifestaciones, a la actuación de las fuerzas estatales durante las manifestaciones. Estas últimas abordan los temas de técnicas empleadas e instrumentos utilizados. Para la recopilación de datos se utilizaron artículos académicos sobre las movilizaciones y artículos de periódicos digitales e informes de organizaciones sin fines de lucro. A continuación, el listado de las fuentes: Amnistía Internacional, sobre Chile y Colombia; Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile; Centro de Estudios Públicos, Chile; El Mercurio, Chile; Publimetro, Colombia y Chile; El Tiempo, Colombia; Temblores Ong, Colombia; Comisión Internacional de Derechos Humanos, sobre Colombia.

Una vez recopilados los datos y organizados los hechos, se compararon los eventos. En primer lugar, se evaluaron las medidas represivas empleadas y las víctimas de la represión estatal en cada país con el objetivo de identificar algún sesgo en la aplicación de violencia de las fuerzas estatales. En segundo lugar, se contrastaron los casos entre los países, Colombia y Chile, para analizar la influencia que tiene o no la legitimidad del Estado en la utilización de represión estatal contra los manifestantes.

Datos

Con el fin de presentar los datos de forma concisa, a continuación, se incluyen dos tablas. La Tabla 1 presenta un resumen de los datos recopilados:

Tabla 1: Datos recopilados de Chile y Colombia
Fuente: López Martínez, 2023

Análisis

Con los datos presentados sobre los estallidos sociales en Chile 2019 y Colombia 2021 se evaluaron las siguientes premisas: primero, a menor legitimidad del gobierno mayor será la represión física de los estallidos; y segundo, existe un sesgo en la represión estatal contra sectores marginalizados de la sociedad y esto se refleja en las víctimas de la violencia represiva de las fuerzas estatales. La Tabla 2 presenta una comparación de los datos recolectados para ambos países:

Tabla 2: Comparación de factores, legitimidad y represión en Chile y Colombia
Fuente: López Martínez, 2023

Legitimidad:

Para evaluar la legitimidad de los gobiernos de Iván Duque y de Sebastián Piñera se recopiló información sobre diferentes encuestas de opinión pública. Los datos presentados para Chile reflejan que hubo, de una parte, un descenso en la confianza que las personas tenían en las Fuerzas Armadas, en los Carabineros, en el gobierno, en el Congreso y en los partidos políticos entre diciembre de 2016 y diciembre de 2019. Por otra parte, se ve un aumento progresivo de la desaprobación del gobierno de Sebastián Piñera que pasó de un 39% en noviembre de 2018, a un 50% en mayo de 2019 hasta que alcanzó un 82% luego del estallido social en diciembre de 2019. Por su parte, Colombia refleja un patrón similar en el nivel de desconfianza en la milicia y la policía. Ambas instituciones eran percibidas con creciente desconfianza y en tan solo algunos meses la milicia pasó de 60% a 71%, mientras la Policía Nacional, de un 71% a un 87% de noviembre de 2020 a mayo de 2021. Asimismo, el 76.3% desaprobaba la gestión del gobierno de Iván Duque para junio de 2021, y la mayoría de la población opinaba que la represión contra les manifestantes durante el Paro Nacional era excesiva.

Partiendo de esta información es difícil identificar la influencia que tiene la legitimidad del gobierno ante la población en su actuación frente a los estallidos sociales. Es claro que en ninguno de los dos países las fuerzas estatales ni los gobiernos eran favorecidos por la opinión pública. Notablemente, el gobierno de Sebastián Piñera para mayo de 2019 alcanzaba el 50% de desaprobación. Además, luego de la represión durante los estallidos, la desconfianza en la policía y en el gobierno aumentó, lo que refleja que los hechos recientes afectaron negativamente la percepción del pueblo. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos sobre las víctimas de la violencia policial, especialmente en Colombia, se considera que la legitimidad de las instituciones estatales no influye en la actuación de estas frente a los manifestantes. Es decir, al momento de evaluar la represión policial de las manifestaciones poco importa cuánta confianza el pueblo, en general, pueda tener o no en las instituciones que le gobiernan.

Sesgo en la represión

¿Quiénes son las víctimas de la violencia policial? Según los informes, en Chile la mayor parte de las víctimas de violencia física (no sexual) y de homicidios son hombres jóvenes, mientras que la mayoría de las víctimas de violencia sexual son mujeres jóvenes. De igual forma, se notó que el tratamiento de los Carabineros hacia los periodistas dependía del día, y se reprimía con mayor o menor violencia a les periodistas. Con esta información es difícil precisar los sesgos que pueda tener la policía al momento de ejercer la violencia física contra los manifestantes, aparte del sesgo de género. También se puede inferir que gran parte de las víctimas de represión fueron estudiantes porque los estudiantes fueron los que iniciaron las protestas en contra del alza de las tarifas del Metro que devino en el estallido social el 18 de octubre. Con la falta de datos segregados en otro tipo de categorías demográficas como raza o etnia no se puede abundar mucho más sobre los sesgos de los Carabineros.

En cambio, los datos para Colombia brindan mucha más luz sobre quiénes eran reprimidos con mayor violencia. En primer lugar, se sabe que la mayoría de las víctimas durante el estallido social fueron periodistas, activistas de derechos humanos y estudiantes. En segundo lugar, se presentan cifras más específicas de las víctimas de violencia sexual: en su mayoría mujeres, pero también se observa una sobrerrepresentación de personas de la comunidad LGBT+. En tercer lugar, se evidencia que la violencia homicida durante el Paro Nacional, especialmente en Cali, era dirigida, principalmente, contra jóvenes afrodescendientes. Estas cifras se suman a la actitud de aquiescencia que tomó la Policía Nacional al presenciar cuando un grupo de civiles armados atacó a la Minga Indígena el 3 de mayo en Cali. Partiendo de esta información y viendo la discrepancia de actuaciones con ciertos grupos en las manifestaciones, es evidente que la Policía Nacional de Colombia aplica una violencia diferenciada contra grupos afrodescendientes, indígenas y feminizados de la población.

De esta manera, por un lado, se puede asumir que el nivel de legitimidad del gobierno influye en las acciones represivas de las fuerzas estatales, aunque, dado que en ambos países existía un bajo nivel de confianza, no se pueda establecer con certeza una relación directa entre el nivel de legitimidad y la represión. Por otro lado, sí se pudo evidenciar un sesgo contra sectores marginalizados y grupos de personas que exponen las acciones de las fuerzas estatales como periodistas y activistas, tanto en Colombia como en Chile.

Conclusión

La investigación sobre la represión estatal de los movimientos sociales en forma de estallido ocurridos en 2019 en Chile y en 2021 en Colombia revelan que existe un sesgo en la violencia ejercida por las fuerzas estatales durante las manifestaciones. Sin embargo, no fue posible corroborar la hipótesis sobre la legitimidad. A partir de estos resultados se podrían estudiar estos casos de represión contra sectores marginalizados como una actitud inherente al estado latinoamericano por la perpetuación de la colonialidad desde sus instituciones y en la sociedad en general. Entiéndase que el estado no está diseñado para atender las necesidades de ciertos sectores, ni siquiera para considerarlos de la misma manera en que se considera a otros sectores de la población. Otra posible vía de estudio sería ampliar la literatura sobre la supresión del conflicto social en las democracias de los países de América Latina como parte del propio proyecto “democratizador” surgido luego de las dictaduras del siglo pasado.

Es importante reconocer algunas limitaciones de esta investigación. El análisis del sesgo en la represión fue más limitado en Chile por la falta de información sobre los diferentes sectores demográficos que fueron afectados por la violencia policial. Asimismo, el análisis sobre Colombia estuvo limitado por la ausencia de datos sobre la legitimidad del gobierno de Iván Duque previo al estallido del 28 de abril de 2020. De otra parte, no se puede asegurar que todas las víctimas de represión durante las protestas fueran agredidas por las fuerzas policiales dado a la multiplicidad de actores que participaron en la represión, especialmente en Colombia. Pero, lo que se ha documentado en los meses subsiguientes apunta principalmente a las fuerzas policiales y armadas. En último lugar, como en ambos países la legitimidad era baja, no se sabe cuál sería la actuación policial en una situación donde la legitimidad del gobierno sea alta. Este aspecto se podría estudiar en países de otras regiones del mundo, donde los estados y la sociedad tengan historias recientes diferentes a dictaduras o guerras internas.

Referencias

Acevedo, E., Sato, A., & Lim, T. C. (2016). Why collective action? Explaining the rise of social movements. En T. C. Lim, Doing comparative politics an introduction to approaches and issues (pp. 279-318). Lynne Rienner Publishers Inc. https://www.rienner.com/title/Doing_Comparative_Politics_An_Introduction_to_Approaches_and_Issues_3rd_edition

Agamben, G., Binetti, V., & Casarino, C. (2000). Means without End: Notes on Politics (NED-New edition, Vol. 20). University of Minnesota Press.

Almeida, P. (2020). Movimientos sociales. En P. Almeida, Movimientos sociale.s La estructura de la acción colectiva (pp. 17-30). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Almeida, P., & Cordero Ulate, A. (2017). Movimientos sociales en América Latina. En P. Almeida & A. Cordero Ulate (Eds.), Movimientos sociales en América Latina. Perspectivas, tendencias y casos (pp. 13-28). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20170721051921/Movimientos_sociales.pdf

Arendt, H. (1970). On violence. Mariner Books.

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. (2021). Panorama político y social Colombia 2021. https://www.celag.org/wp-content/uploads/2021/06/encuesta-celag-jun-21-web.pdf

Centro de Estudios Públicos. (2020). Estudio Nacional de Opinión Pública No84, Diciembre 2019. https://www.cepchile.cl/encuesta/estudio-nacional-de-opinion-publica-n84-diciembre-2019-2/

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Observaciones y recomendaciones visita de trabajo a Colombia. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ObservacionesVisita_cidh_Colombia_spA.pdf

Corporación Latinobarómetro. (2021). Informe2021. https://media.elmostrador.cl/2021/10/Latinobarometro_Informe_2021.pdf

Doran, M.-C. (2015). La criminalisation de l'action collective dans la crise actuelle des droits humains en Amérique Latine. Revue Québécoise de Droit International, 221-246. https://doi.org/10.7202/1067948ar

Doran, M.C. (2017). The hidden face of violence in Latin America: Assessing the criminalization of protest in comparative perspective. Latin American Perspectives, 44(5), 183-206. https://www.jstor.org/stable/44645775

Easton, D. (1957). Puntos de vista para el análisis de los sistemas políticos (C. Nieves Rivera, Trad.). World Politics, 9, 383-400.

Gonzalez, R., & Le Foulon Morán, C. (2020). The 2019–2020 Chilean protests: A first look at their causes and participants. International Journal of Sociology, 50(3), 227-235. https://doi.org/10.1080/00207659.2020.1752499

Hernández Pérez, M., & Castiblanco Moreno, S. E. (2021). 21N: ¿movimiento social y expresión de una nueva ciudadanía? En R. García Duarte, J. A. Wilches Tinjacá, H. F. Guerrero Sierra, & M. Hernández Pérez (Eds.), Paz en crisis. Ciudadanía para transformar la crisis Tomo III (pp. 161-188). Editorial UD. https://www.researchgate.net/publication/357187920_21N_movimiento_social_y_expresion_de_una_nueva_ciudadania

Klein, F. (2008). Los movimientos de resistencia indígena. El caso mapuche. Gazeta de Antropología, 24(1). http://hdl.handle.net/10481/7072

Lissardy, G. (2020, febrero 6). Por qué América Latina es "la región más desigual del planeta". BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51390621

Martín Gutiérrez, L. (2021). Pistas metodológicas para sistematizar las acciones colectivas en el marco del paro nacional en abril-junio de 2021 en Cali, Colombia. Chasqui Revista Latinoamericana de Comunicación, 148, 195-216. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8619167

Power, T. J., & Cyr, J. M. (2010). Mapping political legitimacy in Latin America. International Social Science Journal, 60(196), 253-272. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2010.01718.x

Rebón, J., & Ruiz Encina, C. (2020). Revueltas en y contra el neoliberalismo. Argentina, 2001 y Chile, 2019. Revista Sociedad, 40, 157-173. https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistasociedad/article/view/5607

Rojas Londoño, E. (2021). Colombia: el despertar de una movilización social sin precedentes. Boletín del Departamento de América Latina y el Caribe, 76, 22-26. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/123304

Sekhon, N. (2019). Police and the limit of Law. Columbia Law Review, 119(6), 1711-1772. https://www.columbialawreview.org/wp-content/uploads/2019/10/Sekhon-Police_And_The_Limit_Of_Law.pdf

Taylor, A., & Bonner, M. D. (2017). Policing economic growth: Mining, protest and state discourse in Peru and Argentina. Latin America Research Review, 52(1), 112-126. https://doi.org/10.25222/larr.63

Temblores. (2021). Reporte sobre los hechos de violencia policial ocurridos durante el 2021. https://www.temblores.org/_files/ugd/7bbd97_10674d3f5b324b6abe45fad8b1083b7b.pdf

Temblores. (2021). La violencia policial como política de Estado. Bolillo, Dios y Patria, 16-23. https://www.temblores.org/bolillo-dios-y-patria

Weber, M. (1919). La política como vocación.

____________________________________________________________________________________ 

  Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. 

DESCARGAR VERSIóN PDF