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Venezuela and Nicaragua: Media censorship and freedom of expression in dictatorial regimes
Paloma N. Rojas Vázquez
Departamento de Economía & Ciencias Políticas
Facultad de Ciencias Sociales, UPR RP
Recibido: 20/09/2024; Revisado: 15/11/2024; Aceptado: 22/11/2024
Resumen
Nicaragua y Venezuela son dos países latinoamericanos cuyo gobierno tiene una fuerte censura política. Han utilizado estrategias represivas para controlar la narrativa pública. El control de los medios de comunicación que posee el Estado tanto de Nicaragua como de Venezuela ha perjudicado el pluralismo informativo y a la libertad de prensa y expresión. Sus métodos de censura han sido la intimidación y persecución de periodistas, el cierre de medios públicos, privados e independientes y la manipulación de la información. La falta de transparencia y la represión de voces disidentes han generado un ambiente de miedo y autocensura.
Palabras claves: política comparada, censura, libertad de expresión
Abstract
Nicaragua and Venezuela are two Latin American countries whose governments have strong political censorship. They have used repressive strategies to control the public narrative. The state control of media in Nicaragua and Venezuela has harmed informational pluralism and freedom of the press and expression. Their methods of censorship include intimidation and persecution of journalists, the closure of public, private, and independent media, and the manipulation of information. The lack of transparency and the repression of dissenting voices have created an atmosphere of fear and self-censorship.
Keywords: comparative politics, censorship, freedom of expression
Introducción
Durante el siglo XX, hubo reformas, golpes de estados y protestas que marcaron un hito en las sociedades latinoamericanas. La libertad de expresión y los medios de comunicación son sumamente importantes para el consenso social. Obstaculizar la libertad de expresión a través de los medios de comunicación ha causado estragos generales en entidades públicas como privadas censurando. Además, el aumento de protestas ha llevado al estado tomar el asunto violentando los derechos civiles movilizando a los grupos paramilitares. En Nicaragua las elecciones de 1990 pusieron fin a la Revolución Sandinista y a partir de esas elecciones comenzó un régimen democrático. En el 1998, Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela y proclamó la Revolución Bolivariana, que marcó el comienzo del socialismo en el país. Desde el 1999, precede esa ideología en el gobierno venezolano. A mediados del 2000, comenzó un resurgimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional y, desde el 2007, el presidente Daniel Ortega asume el poder al establecer un régimen dictatorial. Desde el ascenso del chavismo hasta el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se puede trazar el legado de las dictaduras militares en la historia moderna de ambos países. Tanto Nicaragua, como Venezuela, poseen un gobierno de ideología socialista y sus medidas políticas sobre la libertad de expresión y medios de comunicación públicos, privados e independientes se inclinan hacia la vertiente totalitaria. El Diccionario panhispánico del español jurídico (DPEJ) define al totalitarismo como: “la reducción o eliminación de la democracia, la intervención y presencia del Estado en todos los órdenes de la vida económica y social y en el ejercicio de las libertades públicas, especialmente de opinión, prensa y asociación…” (2023). Ambos países han reformado leyes a beneficio del poder gubernamental, que ha sido distribuido a solo unos pocos. Venezuela y Nicaragua se caracterizan por tener un régimen autocrático intermedio, que es de ambiente semi-represivo porque no existen prohibiciones legales o de facto para la organización opositora. Además, no limita a la organización opositora ejercer sus derechos fundamentales y los medios independientes se forman en un contrapoder por su particularidad de prensa (McAdams, 1982). El control hacia los medios de comunicación siempre ha sido limitado por fuerzas externas desde lo político privado a lo político público.
La programación televisiva, radial, las redes sociales hasta las artes escénicas se han visto afectadas por estos regímenes latinoamericanos que se han destacado por desordenar la sociedad civil a cambio del control político. Además, ambos países enfrentan una crisis social que abarca la libertad de prensa y la libertad de expresión. Según la clasificación mundial de libertad de prensa de la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF, 2024), la condición de la libertad de prensa ha agravado. Entre esos países, Nicaragua se encuentra en el lugar 163 de 180 países en el mundo y en los últimos años, el gobierno de Nicaragua ha sido fuente de represión y exilio de muchos reporteros. Venezuela, también enfrenta una situación comparable en cuanto a la represión y exilio de los reporteros.
La censura en los medios de comunicación venezolana
En Venezuela existe la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión desde el 2004. Fue la primera ley aprobada con relación a la censura en los medios: efectúa sanciones a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Establece unas restricciones como la fijación de horarios permitidos de programación, publicidad y propaganda, así como la restricción de lenguaje obsceno y mensajes que promuevan el odio (Barba-Prieto, 2021). En el 2017, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que limita la libertad de expresión. Según esta ley, cualquier individuo que la quebrante podría cumplir hasta un máximo de 20 años de cárcel para todo aquel que, mediante comunicación tradicional, ya sea la televisión o la radio, o medios sociales difunda información “intolerante que las autoridades toman mayor poder jurídico para adjudicar más restricciones en el contenido que evalúen como una violación a la normativa. Estas restricciones a la libertad de expresión presentan un cuadro alarmante, precisamente por su prevalencia en la actualidad. Por ejemplo, en el 2017 la organización no gubernamental Espacios Públicos registraron 708 casos de violación a la libertad de expresión. Según el informe de la clasificación mundial de la libertad de prensa de RSF (2024), Venezuela se encuentra entre los 35 países con menos libertad de prensa en el mundo. En Latinoamérica, es el país con menos grado de libertad de prensa y las variables para considerar son la falta de independencia de los medios, la seguridad de los periodistas y el pluralismo.
Uno de los problemas que más se destaca es la falta de pluralismo. El DPEJ define al pluralismo en los medios de comunicación como el “aseguramiento de una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad pública” (2023). El Gobierno desplaza a la competencia privada, debido a que es más disponible y económico el acceso a los medios de comunicación públicos. Y, tras una escasa pluralidad informativa por la estructuración de los medios de comunicación privados, se formaliza en la década del 2000 el Bloque de Prensa Venezolano y a las Cámaras de Radio y Televisión. A lo largo de los años, el gobierno venezolano se ha apropiado de los medios mediante el cierre de periódicos y canales independientes, la restricción de las redes sociales, y la detención y deportación de periodistas y críticos del gobierno. Todos los canales de televisión y radio quedaron bajo las manos del gobierno, lo que dio paso al desarrollo del Proyecto Hegemonía Comunicacional, una iniciativa que forma parte del Código Penal, que según Chesney-Lawrence (2012, p. 438), es un “instrumento legal muy retrógrado al punto de «que en Venezuela sigan vigente las penas de prisión por lo que se podría llamar «delitos de opinión»”. Dicho proyecto resultó ser un fracaso en el 2010 porque supuso un intento de imponer un dominio estatal sobre los medios de comunicación. En ese mismo año, se desarrolló un nuevo esquema de comunicación estatal conocido como Guerrillero Mediático y de la Vanguardia de Educación Media para descifrar los ataques mediáticos contra el estado (Chesney-Lawrences, 2012).
El internet es una de las pocas plataformas que el gobierno no ha podido limitar y censurar completamente. Debido a la accesibilidad de estas plataformas a la anonimidad facilitada por las redes sociales, miembros de la oposición al chavismo han utilizado estos medios para publicar propaganda anti-chavista. Por ende, el presidente Nicolás Maduro se ha convertido en una de las figuras políticas más activas en las redes sociales, especialmente en X. Maduro utiliza no solamente para la publicación de propaganda, que difunde una campaña de terror, y conocer la necesidad del ciudadano, sino que también lo utiliza para distraer a la oposición mediante la desviación de debates políticos, publicando programas de ayuda del gobierno e introduce nuevas áreas en la agenda política del régimen (Barba-Prieto, 2021). La sobreexposición del presidente Nicolás Maduro en esta plataforma lo ha convertido en la voz mediática del país, provocando un miedo mediático que ha sido la manera en que el gobierno ha tomado control social. Barba-Prieto señala que “…los que critican al Gobierno a través de los medios son sancionados, detenidos, deportados o, incluso, asesinados; todo esto, legitimado y justificando por un marco legal” (2021, 24). Es pertinente que se describa al sistema de gobierno actual de Venezuela como un régimen de censura porque ha contribuido a construir una sola narrativa; es decir, que el estado ejerce la libertad de prensa en los medios de comunicación. Además, tanto los gobiernos de Venezuela, como el de Nicaragua, evidencian la utilización de intimidaciones, acosos, arrestos, confiscaciones de dispositivos y expulsiones sin fundamentos legítimos y producen manipulación sistemática. Los periodistas trabajan bajo actitud de militancia o autocensura (Barba-Prieto, 2021). Otro factor importante de la impunidad del régimen totalitario es que obstaculiza que la labor periodística se lleve a cabo de una forma responsable y ética. De igual forma, imposibilita la objetividad como el cambio en los noticiarios del proselitismo anti-gobierno.
Algunos investigadores han advertido que “Venezuela se interpreten más como un fenómeno de militancia política por parte de los profesionales que como consecuencia de la censura de las organizaciones mediáticas o de dinámicas de autocensura por parte de los periodistas” (García de Madariaga & Solís-Domínguez, 2006, p. 327). En otras palabras, Venezuela es un régimen totalitario que promueve la censura periodística. El proceso de publicidad moderna está pasando por una crisis de credibilidad. La apropiación de los medios de comunicación por parte de gobiernos totalitarios como los de Venezuela y Nicaragua ha provocado una asfixia económica sobre los medios privados, quienes “no solo corren el riesgo de pagar multas elevadas o sufrir bloqueos, sino que corren el riesgo de encarcelación arbitraria, confiscación de equipos personales e, incluso, obligación de exilio” (Barba-Prieto, 2021, p. 24). El instituto de prensa y sociedad de Venezuela llevó a cabo un estudio con 225 periodistas en el 2015, en el cual establecieron que los actores frecuentes en las órdenes de censura son: los funcionarios gubernamentales, la delincuencia organizada y los grupos paramilitares. También los poderes estatales recurren a presionar a los dueños de los medios de comunicación a censurar, que es una persecución política sobre la libertad de información.
El 7 de noviembre del 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó el Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela. Esta confirma la existencia de censura en el país que ha causado la prohibición de publicidad que se oponga a un proyecto de interés gubernamental, violación extrema y radical de la libertad de expresión de Venezuela (Chesney-Lawrence, 2012). Actualmente, el gobierno venezolano se promueve en todos los medios de comunicación, particularmente en las redes sociales. Además, hay una regulación integral en los medios de comunicación. La persecución hacia los periodistas continúa y las denuncias de la sociedad contra el gobierno ha causado confrontaciones con grupos paramilitares. La movilización militar responde como desplazamiento de los problemas estructurales y producción cultural. El exilio no es solamente de periodistas, también se ha observado en artistas. Hay una preocupación por los valores clásicos del periodismo y el cambio de los medios de comunicación ha sido exponencial dentro de regímenes socialistas.
La censura en los medios de comunicación nicaragüense
Una democracia centrada en los medios de comunicación facilita una transformación del espacio público al espacio publicitario; un espacio caracterizado por la interacción entre gobernantes y gobernados. Las instituciones políticas y la ciudadanía en los medios de comunicación deben promover la integridad y la ética que actualmente carece e gobiernos de Venezuela y Nicaragua. Es un espacio abierto para debate y escuchar las preocupaciones del ciudadano debe ser la prioridad mayor para mejorar el país.
En el caso particular de Nicaragua, propiedad de los medios nicaragüenses está pasando por un proceso de reordenamiento. En el 2001, Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua, firmó la Declaración de Chapultepec que declara el derecho a la libertad de expresión. La constitución nicaragüense, al contrario de la de Venezuela, no contiene una ley que promueva la censura.
Se ha establecido un duopolio en la radio y televisión por la familia Ortega Murillo y el empresario guatemalteco, Ángel Rodríguez, ahora propietarios de los medios de comunicación nacional. Hubo restricciones y amenazas cuyo método de presión utilizada por el estado es la autorización o renovación de las licencias radioeléctricas para televisoras y emisoras de radio (Centro de Investigación de la Comunicación, 2018).
La actual vicepresidenta Rosario Murillo ha establecido una estrategia de comunicación “incontaminada”, que es el control del discurso gubernamental. Al igual que en Venezuela, se puede observar actitud hostil de parte de los principales funcionarios de gobierno hacia la prensa independiente, por lo que también los medios de comunicación fueron centralizados a manos del Estado. En Nicaragua, Rosario Murillo es la única persona que posee la potestad sobre la Secretaría de Comunicación.
La familia Ortega Murillo asumió al poder en el 2007, luego de que Daniel Ortega ganara las elecciones. Este control hacia el discurso gubernamental se caracteriza por dificultar la labor de la prensa independiente y limitar el acceso a información a la ciudadanía. Tanto la represión periodística, como el control de la información, son situaciones que han perdurado debido al fortalecimiento de un sistema autoritario. Dentro del marco jurídico normativo se intentó en dos ocasiones durante el 2013 y 2014 controlar la libertad de expresión. La primera era una propuesta de reforma al Artículo 92 de la Constitución para controlar las redes sociales. La segunda fue un artículo para aplicarla a una ley de policías que limitaba el acceso a investigar el sistema estatal. Ninguno de los proyectos prosperó (Centro de Investigación de la Comunicación, 2018). Además, los periodistas han sido víctimas de acoso y vigilancia policiaca. Hay una estigmatización de voces críticas porque el gobierno intenta silenciar tanto la opinión pública como la opinión mediática. El gobierno de Ortega Murillo mantiene un discurso similar a Venezuela: la retención de los programas locales de convertirlos parte del estado y la constante propaganda en todos los medios de comunicación. En el 2018, ocurrieron unos ataques hacia periodistas y medios de comunicación por parte de los policías durante manifestaciones civiles. La respuesta del gobierno fue criminalizar las protestas como delito de terrorismo y utilizó la represión en contra de manifestaciones ciudadanas, ordenó asesinatos de ciudadanos que participaban de las protestas y encarceló a líderes por cargos falsos. Este evento es conocido como la Operación Limpieza.
En el 2021, Daniel Ortega vuelve a ganar las elecciones y es acusado de someter al pueblo nicaragüense a un régimen autoritario. Tan reciente como en el 2022, en Nicaragua, la organización de sociedad civil Red Voces del Sur reportó 208 agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación, siendo el mayor agresor el estado nicaragüense. Al igual que en Venezuela, Nicaragua ha sufrido un ataque hacia el pluralismo y criminaliza la democracia. Todos estos eventos han causado el cierre de 56 medios de comunicación (Orozco, 2022). El gobierno limita la información brindada hacia la ciudadanía, que es trasmitida solamente por medios estatales. Y, consecuente a eso, muestra el gobierno de Ortega-Murillo poca credibilidad. Controlar la información ha sido la estrategia para mantener a la sociedad bajo el régimen Ortega-Murillo. Desde el 2018, comenzaron una serie de cambios que marcaron completamente la historia de Nicaragua. El suceso del abril del 2018 es marcado como un hito, pero desencadenó lo precario que podía el derecho a la libertad de expresión. En el 2020 se aprobaron leyes que criminalizan la libertad de expresión y, eventualmente, de culto. En el 2021, los sucesos más importantes fueron persecución religiosa y la prohibición de partidos políticos (Orozco, 2022), lo que demuestra intolerancia a la pluralidad tanto política como religiosa.
Una de las recomendaciones para el Estado de Nicaragua ha sido que se ejercite la libertad de expresión. La Constitución Política de Nicaragua en Título IV, Capítulo I establece que “Los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio” (Constitución Política de Nicaragua [CPN], art. 30). Además, el capítulo II estipula que “El derecho de informar es una responsabilidad social... Este derecho no puede estar sujeto a censura, sino a responsabilidades ulteriores establecidas por ley” (CPN, art. 67). Por ende, la ciudadanía y los medios de comunicación tienen el derecho de verbalizar sus quejas y preocupaciones, ya sea en contra o a favor del gobierno, pero “Nicaragua es el caso más crítico de la región, los medios de comunicación independientes han sido forzados al exilio a partir de una ola de violencia, terrorismo de Estado y persecución continua contra el periodismo crítico del régimen” (Martínez de Lemos, & Rodríguez-López, 2022, p. 35). Sindicatos como la Asociación de Periodistas de Nicaragua, el Colegio de Periodistas de Nicaragua, y los Comunicadores de Nicaragua son entidades que actualmente protegen la labor del periodista y el periodismo independiente. La información de las instituciones públicas es un derecho imprescindible para el conocimiento del pueblo. Tanto Venezuela como Nicaragua han establecido restricciones no solamente a sus ciudadanos, pero también a los extranjeros. Al suponer un intento de establecer un control hegemónico sobre los medios de comunicación, Nicaragua presenta un ejemplo contundente de cómo los gobiernos totalitarios promueven la censura.
Conclusión
Los medios de comunicación carecen de protección del estado. La libertad de expresión, la libertad de prensa y medios independientes son consideradas las primeras víctimas institucionales de la censura establecida en el gobierno venezolano y nicaragüense. Las dictaduras poseen una estructura de control y represión. El control y centralización del discurso social y la opinión mediática es un referente a la deslegitimación por la autoridad. Aplican el orden y el castigo a la desobediencia a la sociedad civil mientras administren la transmisión de la información previniendo un ente negativo hacia la imagen, reputación y percepción social de los líderes o cualquier figura pública del gobierno. La estructuración y cambios en la constitución de las leyes como mencionado anteriormente, litiga a favor del gobierno. La censura limita la expresión pública a cambio de orden social, estabilidad y la gobernabilidad. Las dictaduras buscan un balance costo-beneficio al conocimiento de un acontecimiento que tiene mayor probabilidad de favorecer al inicio de revueltas que el blackout informativo (Aguaded et al., 2017), estrategia para censurar información a varias instituciones con el fines políticos o propaganda. Otros métodos de censura más frecuentes son la intimidación, agresión y persecución judicial hacia los medios y periodistas. La constante intervención política y la limitación de independencia de las editoriales renuncia la libertad de prensa que se supone que las constituciones tanto de Venezuela como de Nicaragua defiendan. Las expresiones se limitan a solo unos funcionarios apuntados por el gobierno, de manera que apenas existe un espacio para que los periodistas independientes puedan realizar su trabajo efectivamente En la radio y la televisión también se controla la narrativa pública. Lo importante en la industria de los medios de comunicación es la integridad, el compromiso y el servicio hacia el país. Venezuela y Nicaragua carecen de una multiplicidad de opiniones debido a la represión y cierre de canales importantes en el país. Muchos periodistas han arriesgado su seguridad y, por ende, han sido torturados o exiliados por el gobierno. El estado no tiene suficientes fuentes de financiación alternativas a aquellos que son pro-gobierno y menos con los medios de comunicación independientes y se ven obligados a colaborar con el régimen para subsistir (Fernandes, 2010). Por este motivo, se determina que el rol de los medios de comunicación independientes es fundamental porque ayudan a fiscalizar el poder gubernamental, promoviendo así a las instituciones la libertad de expresión.
Referencias
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